Empresario de jugadores pide a Justicia fijar impuestos a pagar
Montevideo, 21 feb (EFE)- El principal empresario de futbolistas de Uruguay, Francisco 'Paco' Casal, presentó una demanda civil contra la Dirección Impositiva (DGI), en la cual pide a la Justicia que se determine si debe o no pagar ciertos tributos por la transferencia de jugadores.
Casal procura determinar si existe alguna norma que pueda legalmente exigir a la Impositiva a determinar lo que debe pagarse.
Las diferencias entre Casal y la DGI se vienen presentando desde hace 6 años y se agravaron el lunes pasado, cuando el empresario decidió presentar a la Justicia civil una acción que declare con certeza en la que se reclama saber qué impuesto tiene que pagar por la transferencia de jugadores al exterior.
También pide que, mientras tanto, no se le trabe ningún embargo y, que a cambio, ofrece una garantía de un millón de dólares.
Casal afirmó a la prensa que luego de seis años de investigar su situación, la DGI no logró determinar un criterio aplicable para el cobro de tributos.
El abogado especialista en Derecho Tributario Leonardo Costa explicó en la emisora El Espectador, de Montevideo, que resolvió llevar el tema a la Justicia, para que ésta determine lo que el organismo de recaudación no pudo hacer.
Según sostienen los abogados del equipo jurídico de Casal, el único impuesto aplicable a las transferencias es el ya derogado Impuesto a la Cesión de Derechos de Deportistas y no el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), como se maneja.
El Impuesto a la Cesión de Derechos de Deportistas - que gravaba con un cinco por ciento los pases de los jugadores - fue derogado a mediados de 2007 dentro de la Reforma Tributaria.
"Básicamente se entiende que ese impuesto era para ser aplicado a los clubes, no a las transferencias", dijeron los entendidos.
"Quien soportó económicamente el impuesto fue el que hizo la transacción y, de hecho, Casal fue quien durante todos estos años pagó ese impuesto directamente de su bolsillo", señaló Costa.
"La contienda es cuál de los dos impuestos se aplica en una transacción determinada, ese es el nudo gordiano de la discusión", señaló el asesor de Casal.
El abogado aseguró que el caso de Casal tiene algunas "particularidades". Una de ellas es la demora. Costa advirtió que "no hay antecedente de una inspección de la DGI que esté abierta por tantos años".
Costa afirmó que el procedimiento de la DGI "no está acorde a derecho".
Advirtió de que esto configura una "forma atípica de extorsión económica" porque durante ese período el contribuyente no sabe si de la noche a la mañana le pueden caer a embargar sus bienes.
El abogado dijo que no hay cifras concretas de cuánto debería pagar Casal, pero subrayó que a la Justicia "no se le está pidiendo cuánto, sino saber si el empresario tiene o no que pagar determinados impuestos.
El abogado de Casal, Leonardo Costa, explicó que decidieron ir a la Justicia, porque en este caso, "no están dadas las garantías del debido proceso".
"Como no hay una garantía de debido proceso en este caso, acudimos a la Justicia", insistió. EFE apl/jb
Terra/EFE
