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NARCOTRÁFICO
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| Un hombre joven y unos niños toman un descanso después de un día de trabajo en Puerto Asis, en el corazón de los cultivos de coca del sur de Colombia. Familias completas trabajan en estos terrenos donde pueden colectar hasta $15 y $20 dólares diarios. (AP/RicardoMazalan) |
Tres años atrás, su padre había muerto de una enfermedad pulmonar. Jaime, de
12 años y estudiante de tercero de primaria, quedaba sólo junto a su madre
de pocos recursos.
Huérfano y pobre, a Jaime no le quedó otro recurso que
abandonar la escuela para trabajar en Armenia, Quindío, como lavador de
carros y pisos.
El trabajo, sin embargo, no duró mucho y cambió por otro en
un hotel de mediana categoría donde trabajaba como guía. Allá las fiestas
para atender a los clientes eran frecuentes y una de esas veces, cuando
tenía 15 años, Jaime conoció a Andrea Quiceno, una mujer de 23 años que lo
convenció de irse a Dosquebradas, Risaralda, para entrenarlo en otro oficio
que lo sacaría rápido de la pobreza.
El niño permanecía en una casa todo el día, y lo único que hacía era ingerir
uvas recubiertas con compota (alimento para niños). "Era el entrenamiento más
adecuado para que se acostumbrara al relieve de las cápsulas de heroína",
señaló Quiceno en su confesión a la Fiscalía General de la Nación.
La mujer le ofreció $18 mil dólares a Jaime como promesa si ´coronaba´ el
viaje a Nueva York con la droga en su estómago. "Quería comprarle una casa a
mi mamá", señaló el niño a funcionarios del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF, horas después de que fuese detenido en el
aeropuerto Eldorado de Bogotá con 65 cápsulas de heroína dentro de su
cuerpo, y dos kilos más entre su equipaje.
El drama de Jaime lo viven cientos de colombianos que buscan en el
transporte de droga la consecución de un sueño o la solución, así sea
parcial, de sus problemas económicos. Pero su ansiedad es aprovechada por la
malicia infame de un mercado que como el narcotráfico mueve $110 mil
millones de dólares al año en Estados Unidos y Europa.
Según un informe de la revista Time, Colombia produce 185 toneladas métricas
de cocaína, el 61 por ciento tiene como destino Estados Unidos y el
restante 39 a Europa. Además, provee del 65 por ciento de la heroína que se
consume actualmente en el país del norte.
Las cifras van en contravía de lo que se pensaba con el desmantelamiento de
los carteles de Medellín y Cali: de cinco organizaciones dedicadas al
narcotráfico en 1985, hoy ya son más de 80 que cuentan con nuevas reglas,
nuevas rutas y nuevos jefes. Ya no son los ostentosos cabecillas que
paseaban por las ciudades con un ejército de guardaespaldas; los que
derrochaban millones de dólares en la compra de edificios, fincas y autos
clásicos. El narcotraficante de hoy tiene otro perfil y otros negocios que
les permiten mantener el mercado rentable.
Por ejemplo, ya no importan la base de coca desde Bolivia y Perú, sino que
ya la producen en el país, más exactamente en los departamentos de Putumayo,
Caquetá, Guainía y Guaviare. Además, tal como dice el último informe del
Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización Internacional de
Drogas, los narcos han diversificado sus productos, concentrándose más en
la heroína, que les reporta la mayor parte de la ganancia anual de dos mil
millones de dólares. Ello se consigue gracias a que en el mercado
norteamericano un kilo de este narcótico cuesta $150 mil dólares, mientras
el de cocaína sólo $20 mil.
Por tal motivo los narcotraficantes colombianos han concentrado su esfuerzo
en el aumento de los cultivos ilícitos. Según datos de la DEA, en 1995
existían cinco mil hectáreas sembradas; este año podrían llegar a 200 mil
(aunque la Presidencia de la República tiene calculadas 100 mil hectáreas),
cifra que se duplicaría en dos años. Semejante crecimiento les permitiría
ganar en sólo contrabando de amapola unos $600 millones de dólares anuales.
Pero a mayor lucro, mayor pobreza en Colombia. Se tiene estimado que los
narcotraficantes tienen invertidos en el exterior cerca de $10 mil millones
de dólares, y buena parte de ese dinero estuvo antes haciendo parte de la
economía del país, más exactamente de un tres por ciento aproximado del
Producto Interno Bruto, PIB, según datos de la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
Sin embargo, esta suma de dinero se ha fugado a Ecuador, Argentina, México,
Venezuela y Panamá, entre otras naciones, debido a las acciones de la
Policía Nacional y al interés de los delincuentes por no dejar huella de sus
delitos. Como consecuencia, la economía colombiana entró en una recesión de
la cual todavía no ha podido salir. Las operaciones de la fiscalía y los
organismos de seguridad de Estado, como el Proceso 8000 y la Operación
Milenio, han dejado al descubierto la influencia del narcotráfico en todos
los estamentos públicos y privados del país.
En la actualidad el poder del narcotráfico no se observa en la proclamación
de sus jefes como candidatos políticos, tal como ocurrió en 1984 con Pablo
Escobar; ni en la violencia desaforada contra los líderes que estaban en su
contra, como el asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1986;
y tampoco en su ambición de adquirir tierras, tal como ocurrió en la década
del 80 cuando los narcos poseían más de cuatro millones de hectáreas. Eso no
significa que hayan dejado de ser actores violentos: de los 24 mil
homicidios que se cometen al año, del 25 por ciento es responsable el crimen
organizado, según estadísticas de la Policía Nacional.
Ahora los narcos se concentran en la corrupción de mandos altos, medios y
bajos en la política, los deportes, las empresas, en fin, en todo lo que
pueda esconder el dinero mal habido del tráfico de drogas para luego
´lavarlo´ sin sospecha. Las ganancias que se obtienen en este negocio ya no
son tratadas como plata de bolsillo de unos pocos jefes sino como capital
empresarial de varias compañías. Ya el control de envíos y entregas se hace
vía internet y las inversiones ya no las elige el campesino ´nuevo rico´
sino profesionales banqueros que conocen al dedillo la Bolsa de Bogotá,
Tokio o Nueva York.
Enumerados los daños ecológicos provocados por los cultivos ilícitos, el
consumo interno y externo de estupefacientes, la corrupción, la recesión
económica y la violencia, hay uno que alimenta la crisis que afecta a toda
Colombia: el fomento y la financiación de la subversión mediante el tráfico
de drogas.
Hace pocos días el presidente del Perú, Alberto Fujimori, denunció que
las fuerzas armadas de su país habían detenido un cargamento de armas
procedente de Jordanía, y que tenía como destino la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
El informe decía que el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
jordanas, general Abdel Hafez Kaabne había enviado a los insurgentes un
cargamento de 10 mil fusiles Kalashnikov entre marzo y julio de 1999. Y el
pago se hizo, según los analistas, mitad en efectivo, mitad en kilos de
coca. Esta operación es sólo una parte de la estrategia rebelde para comprar
$5 millones de dólares de armamento. Ese dinero es una
minúscula porción de los $260 mil millones de pesos que la guerrilla recibe
por concepto del narcotráfico.
Mientras tanto, el Estado colombiano espera la ayuda de $1.300 millones de
dólares del Plan Colombia sugerido por los presidentes Bill Clinton y Andrés
Pastrana, y aprobado por el congreso estadounidense. Con ellos pretenderá
apoyar a la Policía Nacional y al Ejército en la eliminación de los cultivos
ilícitos (hoy se destruyen 40 mil hectáreas); en la lucha contra los narcos
con el envío de helicópteros, radares y material bélico, así como en la
sustitución de plantíos de hoja de coca y de la cual obtienen sustento cerca
de 300 mil colombianos.
Terra / Mónica Godoy, enviada especial
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