Impuestos 2005-2006 



Grupos de derechos civiles critican rechazo a matrícula consular

Grupos de derechos civiles y organizaciones latinas rechazaron hoy la decisión de un comité del Congreso en contra del uso de la matrícula consular, por considerar que deja a muchos inmigrantes sin ninguna documentación en EE.UU.

La matrícula consular es utilizada por millones de inmigrantes indocumentados para abrir cuentas y realizar otras operaciones bancarias.


Además, en trece estados de Estados Unidos los indocumentados pueden usar ese documento para obtener un permiso de conducir.

"He seguido de cerca esta discusión y creo que el mensaje que se envía es muy anti-hispano, además de ser un grave error porque perjudica a la seguridad nacional de EE.UU.", dijo a EFE Gabriela Lemos, directora nacional de Política y Legislación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Lemos sostuvo que en un capítulo de la ley antiterrorista, conocida como la Ley Patriota (US Patriot Act), se hace hincapié en la necesidad de controlar los movimientos de dinero que se realizan dentro del país para evitar que sospechosos de terrorismo puedan usar sus finanzas con libertad.

Señaló que con el rechazo a la matrícula consular lo que se hace es obligar a millones de personas a que vuelvan a manejar sus ingresos en secreto.

El comité de Asignaciones de la Cámara Baja rechazó retirar una enmienda presentada por el congresista republicano de Texas, John Culberson, que forma parte del proyecto de ley de presupuesto para los departamentos del Transporte y del Tesoro para el año fiscal 2005, y que será debatido en el pleno después del receso de verano.

La llamada enmienda Culberson anula la decisión del Departamento del Tesoro de permitir que las instituciones financieras del país acepten la matrícula consular como medio de identidad para abrir cuentas bancarias.

El pasado 15 de julio, cuando Culberson presentó la enmienda, señaló que agentes policiales de Texas le habían advertido que algunos árabes han mostrado "especial interés" en entrar a EE.UU. por la frontera sur usando apellidos hispanos.

"Alguna de las preocupaciones que señalan los legisladores son reales, pero ésta no es la forma de solucionar el problema", señaló Roberto De Posada, presidente de la Coalición Latina.

De Posada indicó que "lo que tiene que hacer el Congreso es solicitar al Departamento del Tesoro que trabaje más de cerca con el Gobierno de México para asegurarse que este documento no se pueda falsificar".

"Sabemos que las matrículas consulares que se expidan ahora son muy seguras, no así las que se realizaban antes; lo que hay que hacer es renovar las matrículas que fueron emitidas hace años para evitar posibles fraudes", señaló.

Según Lemos, "el Gobierno de México ha hecho grandes esfuerzos e invertido en tecnología para hacer que este documento sea confiable; con esta decisión del comité de Asignaciones, parecería que le están tomando el pelo".

Eugenio Arene, director ejecutivo del Consejo de Agencia Latinas de Washington DC, señaló que "la señal enviada por el Congreso no está aislada de varias propuestas en contra de los inmigrantes que están surgiendo en los últimos tiempos".

"Esta ofensiva de los grupos más duros del Partido Republicano apunta a tratar de quitarle protagonismo a una población que, les guste o no, hoy en día es la primera minoría del país", agregó Arene.

A partir de 2003 el Gobierno de EE.UU. reconoció oficialmente que los hispanos son la primera minoría del país, con una población que actualmente supera los 39 millones de personas.

Arene dijo que "con el pretexto de la seguridad nacional se están afectando los derechos civiles de las minorías, en especial de los hispanos".

El Gobierno de EE.UU. está dividido en torno a la matrícula consular.

Mientras el Departamento del Tesoro se ha pronunciado a favor en varias oportunidades, algunos organismos de seguridad, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o el Departamento de Seguridad Nacional, se oponen a la emisión de ese documento. Entre tanto, la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado al respecto.

No sólo los grupos de derechos civiles apoyan la utilización de este documento, la Asociación de Banqueros y la de Banqueros Comunitarios también se han expresado a favor.

Estas argumentan que habilita a los más ocho millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en el país a participar en el sistema financiero.



Fuente : EFE


Por Sandino Martínez




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