"El consumidor tiene el derecho a saber lo que está comprando y debe confiar en el producto", dijo Blagojevich en una declaración escrita.
La nueva ley protegerá a los inmigrantes en general y a los hispanos en particular, agregó.
A partir del 1 de julio del 2005 las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones deberán informar adecuadamente al usuario sobre las tasas ocultas de conexión, que generalmente hacen que lo prometido por una tarjeta nunca se cumpla en materia de minutos.
"Cada minuto es importante cuando un inmigrante llama a su familia en otro país", dijo el vicegobernador Pat Quinn, en una conferencia de prensa donde participaron legisladores hispanos, la procuradora de justicia de Illinois, Lisa Madigan, y la comisionada Lula Ford de la Comisión de Comercio de Illinois (ICC en inglés).
Según estimaciones oficiales, el 75% de los usuarios de tarjetas prepagadas en Illinois son hispanos.
Sin embargo, de acuerdo con el representante estatal William Delgado (D-Distrito 3), existirían "evidencias suficientes" sobre fraudes en este negocio que se estima en alrededor de 5.000 millones de dólares anuales en todo EE.UU.
Las quejas mayores se refieren a tarjetas que prometen más minutos de los que dan realmente al cliente y engañan al usuario con falsos anuncios publicitarios.
"Muchas de estas tarjetas no valen siquiera el plástico en que están impresos", dijo la procuradora Madigan.
Con la nueva ley, todos los proveedores deberán ser certificados por la ICC antes de ofrecer sus productos.
Además, en la página en internet de la ICC se incluirá información sobre cada una de las empresas autorizadas a ofrecer estos servicios, en especial un número telefónico para consultas gratuitas.
En las tarjetas a la venta, las empresas deberán incluir un número telefónico para que el consumidor sea informado de los minutos restantes de comunicación, tarifas y tasas domésticas e internacionales.
Igualmente, se deberá imprimir en la tarjeta disposiciones sobre reembolso de dinero si el cliente no está satisfecho, el valor de la tarjeta en minutos, términos y condiciones del servicio, cargo máximo por minuto, todos los recargos y tasas, además de la fecha de expiración.
La certificación se asegurará que los postulantes tengan los recursos necesarios para prestar los servicios, desde técnicos a financieros y administrativos.
Madigan dijo que la ley dará mayores poderes a la fiscalía para perseguir judicialmente a los infractores.
Señaló que actualmente se investigan unas veinte denuncias, pero los responsables funcionan desde otros estados o inclusive países vecinos como Canadá.
En opinión de José Castro, cónsul para asuntos de protección del consulado general de México en Chicago, la supervisión más estricta pondrá fin a "la ley de la selva", que permitía a las empresas "pelear por el mercado de manera indiscriminada".
El senador Martín Sandoval (D-Distrito 12), otro de los impulsores de la iniciativa, dijo que en la actualidad circulan en Illinois cientos de tarjetas prepagadas sobre las cuales el estado no tenía poder de regulación.
"El consumidor deberá exigir al minorista el certificado de los productos que ofrecen", dijo Sandoval.
El comerciante que sea sorprendido vendiendo tarjetas no certificadas será multado con 50 dólares por tarjeta en su poder, o cinco veces el valor de la tarjeta.
