La votación de 223 a 193 en favor de bloquear la regulación desafió a la Casa Blanca. Existe la amenaza de un veto a una amplia iniciativa de ley de gasto, ahora en la cámara baja, si ésta contiene cualquier materia que altere los reglamentos que entraron en vigor el 23 de agosto.
Al respecto, un portavoz del presidente Bush, Trent Duffy, dijo: "Este es un paso en el proceso legislativo. Seguimos trabajando con el Congreso".
La aprobación contó con el apoyo de 22 republicanos. Para Bush, esta fue la segunda derrota en el Congreso, en igual número de días. El miércoles el Senado desestimó una amenaza de veto del presidente y votó en favor de evitar que Bush permita que algunos puestos del Departamento de Seguridad Interna sean ocupados por trabajadores del sector privado.
Los demócratas calificaron el asunto como un ejemplo de la insensibilidad que muestra el gobierno de Bush en esta temporada electoral en relación a los derechos de los trabajadores, diciendo que están en peligro los privilegios de tiempo extra de hasta seis millones de trabajadores.
La Casa Blanca y la mayoría de los republicanos insistieron que las regulaciones actualizarían el anticuado sistema de pago de tiempo extra y que convertiría a un millón de trabajadores con bajos salarios en aptos para ser remunerados por tiempo extra.
No se pudo saber cual será el efecto que tendrá la votación de la cámara baja en la reestructuración más grande a las regulaciones de sobretiempo en más de medio siglo.
Los demócratas y republicanos en favor del sector laboral han peleado durante muchos años para evitar que el Departamento de Trabajo ponga en práctica las nuevas regulaciones.
El gobierno de Bush dijo que eran necesarias para ajustar las condiciones laborales cambiantes y aclarar las confusiones que han generado demandas contra empleadores.
La central sindical AFL-CIO, que ha cabildeado en contra de las regulaciones nuevas, dijo que los seis millones de trabajadores que enfrentan protecciones por sobretiempo debilitadas son los capataces, asistentes de administradores, enfermeras, trabajadores en la industria de servicios financieros, periodistas y otros que realizan pocas tareas administrativas.
El departamento dijo que 1,3 millones de trabajadores que ganan menos de 23.660 al año calificarían para beneficiarse con las regulaciones, mientras que cerca de 107,000 trabajadores de oficina que ganan 100.000 dólares o más podrían dejar de calificar.
