Los jueces de Milán dictaron una orden de busca y captura contra
el arzobispo Marcinkus y sus dos colaboradores, pero éstos se
refugiaron en el Vaticano, que dio asilo a los tres para impedir su
detención.
Tras investigar el caso, la Santa Sede aseguró que Marcinkus era
inocente, exculpó a los dirigentes del IOR de toda responsabilidad y
les protegió con la inmunidad diplomática, al alegar que la Banca
Vaticana era una entidad de la Iglesia.
El caso llegó al Tribunal Supremo italiano, que en una
controvertida sentencia anuló la orden de busca y captura y
dictaminó la imposibilidad de procesar al arzobispo y a los dos
funcionarios en virtud de los Pactos Lateranenses.
Según el artículo 11 de esos tratados, suscritos en 1929 por la
Santa Sede e Italia, "los entes centrales de la Iglesia Católica
están exentos de cualquier injerencia por parte del Estado
italiano".
Los magistrados milaneses rechazaron la sentencia y apelaron al
Tribunal Constitucional, que ratificaron la inmunidad de Marcinkus.
Pese a su postura, el Vaticano aportó voluntariamente en 1983
cerca de cien millones de dólares para resarcir los daños causados
por la quiebra del Banco Ambrosiano a sus clientes, un gesto que la
prensa italiana interpretó como una confesión implícita de
corresponsabilidad.
