Los críticos dijeron que los empleados no autorizados acaparaban empleos bien remunerados en Estados Unidos. Y se acusó a los extranjeros de aprovecharse de la generosidad de la nación, sobrecargando los beneficios sociales.
Al final, los legisladores decretaron amnistía para los trabajadores que ya estaban en el país, prometiendo reducir el flujo de nuevos inmigrantes. El Congreso ordenó a los empleadores exigir los documentos de los trabajadores, so pena de enfrentar consecuencias legales.
Pero los trabajadores indocumentados siguieron llegando.
Dos décadas después, el número de extranjeros ilegales en Estados Unidos ha crecido de 4 millones a entre 11,5 y 12 millones, según el Centro Hispánico Pew. Más del 40%, unas 4,4 personas, ha arribado en el último lustro.
Los trabajadores ilegales ocupan uno de cada cuatro empleos agrícolas, 17% de los trabajos de limpieza y mantenimiento, 14% de la construcción y 12% de la preparación de alimentos, según el centro.
¿Podrían las nuevas leyes cambiar esto? Las reformas de 1986 fracasaron porque los esfuerzos en la frontera y en los lugares de trabajo fueron insuficientes, aseguran los expertos.
Algunos congresistas proponen que todos los patronos registren a sus trabajadores en un archivo nacional computarizado que permita detectar a quienes tienen documentos fraudulentos.
