Una ley ya aprobada por la cámara baja exige controles más estrictos en la frontera, incluyendo el levantamiento de un muro a lo largo de la frontera con México.
Por su parte, la opción del Comité de Asuntos Jurídicos del Senado se concentra en ofrecer amnistía y ciudadanía a los trabajadores que ya están en el país. Además de crear un programa de permisos temporales para suplir necesidades estacionales, en respuesta a presiones de grupos económicos.
Algunos expertos dicen que si estas disposiciones legales logran reducir el flujo de nuevos inmigrantes ilegales, sólo sería por un tiempo.
"En unos años regresaremos a los niveles (de inmigración ilegal) que hemos visto", opina Peter Schuck, profesor de la Universidad de Yale especializado en inmigración.
El problema radica en que lo jurídico no cuadra con los potenciales daños económicos, acotan algunos analistas.
Más de la mitad de los trabajadores ilegales en Estados Unidos proviene de México, donde la devaluación monetaria y las crisis por deuda han creado una tremenda volatilidad económica la última década.
