Señala secretario de Seguridad Pública que violencia continuará.
Foto: EFE
Un grupo de sicarios asesinó a tiros a cuatro personas, tres de ellos miembros de la banda musical Herederos de Sinaloa, a las puertas de un diario local en Culiacán, capital del norteño estado mexicano de Sinaloa.
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El asesinato de los músicos ocurrió después de que el grupo salió del diario El Sol de Sinaloa donde se les entrevistó.
Los músicos se encontraron en la calle con algunas personas presuntamente para negociar la compra de un acordeón, cuando fueron tiroteados por los sicarios, quienes usaron fusiles automáticos AK-47 y AR-15 y se dieron a la fuga.
Según versiones de medios locales, los miembros del conjunto musical se encontraban en un recorrido por diversos medios locales para promover su más reciente disco.
En los últimos años, diversos grupos e intérpretes de música grupera que interpretan los denominados narcocorridos (temas musicales que exaltan a narcotraficantes como héroes) en diversos estados del país han sido víctimas del crimen organizado.
Se calcula que desde 1992 hasta la fecha han muerto a manos de los narcotraficantes más de una decena de cantantes dedicados a este género.
Entre ellos hay casos que conmocionaron a la sociedad mexicana, como los de Valentín Elizalde o Sergio Gómez, cantante del grupo K-Paz de la Sierra, cuyo asesinato será llevado en un futuro cercano a la gran pantalla.
Sinaloa es uno de los estados más violentos del país y donde opera el cartel del Pacífico, encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Este capo mantiene en varios estados del país una guerra sin cuartel contra los barones del cartel del Golfo, comandado por Humberto Lazcano y los hermanos Arellano Félix por la disputa de las rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el control del mercado local de estupefacientes y el manejo de delitos como el secuestro y la trata de personas.
Para combatir al crimen organizado y frenar esta ola de violencia que ha dejado en lo que va de año más de 4.100 muertos, una cifra récord y lejana de las 2.700 víctimas mortales del año pasado, el Gobierno federal ha enviado a fuerzas combinadas del Ejército y agentes policiales.

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