Perú-política-DDHH Nota
27/11/2007 - 18:46 (GMT)
Diez ministros del gobierno de Alberto Fujimori fueron condenados por haber avalado el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando se cerró el Congreso y se intervino el Poder Judicial, en un fallo trascendental en momentos en que el ex presidente se apresta a ser juzgado por violación a los derechos humanos.
La pena más severa recayó en el ex ministro del Interior Juan Briones, acusado de los delitos de rebelión y secuestro por haber participado activamente en la planificación y ejecución del golpe de Estado, según determinó un Tribunal Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia.
Los restantes nueve ex ministros recibieron sentencias de cuatro años de cárcel como cómplices secundarios del delito de rebelión.
Esta pena quedó suspendida debido a que en Perú las condenas de cuatro años no implican reclusión y se reducen a tres años, tiempo en que los condenados quedan libres a condición de cumplir normas de conducta impuestas por el tribunal como pedir permiso para salir del país.
En su parte medular la sentencia señala que el golpe del 5 de abril de 1992 fue "la partida de nacimiento de un inconstitucional gobierno que desconoció la vigencia y facultades del régimen constitucional del país".
El fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén, presentó apelación por considerar benignas las sentencias.
"Las penas tendrían que haber oscilado entre los 12 y 18 años de prisión. Ellos no son simples cómplices secundarios; ellos participaron en las reuniones al más alto nivel antes de perpetrarse la ruptura de la democracia. Jamás denunciaron esos delitos contrarios al orden constitucional", precisó.
Uno de los condenados, el ex ministro de Economía Carlos Boloña, rechazó la sentencia y la calificó de absurda, señalando que los ministros no organizaron nada. Dijo que continuó en el gobierno de esa época "para detener la hiperinflación y arreglar la economía".
Producido el autogolpe el primer ministro en aquel entonces, Alfonso de los Heros, no avaló la medida y renunció la misma noche del 5 de abril.
El autogolpe de Estado permitió a Fujimori disolver el Congreso y destituir a los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. También intervino los locales de partidos políticos y gremios sindicales vinculados a la oposición.
Con el nuevo régimen se redactó una nueva Constitución que consagró la reelección presidencial, lo que le permitió a Fujimori reelegirse y continuar en el poder hasta el año 2000.
Al amparo del autogolpe se tejió una red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos, el brazo derecho de Fujimori, quien como factótum del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) manejó las fuerzas armadas, el Poder Judicial, la administración pública y medios de prensa, mediante el soborno y el chantaje.
Las actividades ilegales de Montesinos, actualmente preso, llevaron al descalabro del régimen fujimorista en noviembre de 2000 en medio de un escándalo de corrupción.
Las condenas a los ex ministros fueron dadas a conocer en momentos en que se prepara el juicio al ex presidente Fujimori, extraditado en setiembre desde Chile, quien el 10 de diciembre debe sentarse en el banquillo de los acusados para responder por acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Fujimori había sido implicado en el proceso a sus ex ministros, pero el tribunal se reservó su derecho a dictar sentencia debido a que los tribunales chilenos lo extraditaron para que sea juzgado por delitos de lesa humanidad y no por el autogolpe de 1992.
Terra/AFP