Marcha contra los paramilitares
En el año 2006 se expuso una lista elaborada por el DAS (equivalente al organismo de inteligencia FBI) y entregada a los paramilitares. En ella se encontraban los nombres de 23 sindicalistas. Casi todas las personas de la lista han sido asesinadas o han tenido que huir atemorizados.
Lo más grave ha sido la implicación del Gobierno colombiano con estos grupos alzados en armas. Gracias a investigaciones de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, se ha logrado establecer vínculos entre los paramilitares y funcionarios de alto rango en el gobierno colombiano.
El año anterior docenas de congresistas pertenecientes a la coalición del Presidente Alvaro Uribe, incluyendo su primo Mario Uribe, fueron investigados por su supuesta colaboración con éste grupo responsable de crímenes atroces.
17 congresistas estuvieron detenidos en un punto de la investigación dentro de los que se cuenta el hermano de quien fuera la Ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo. Actualmente , su padre es fugitivo de la justicia por los mismos motivos.
La ley de Justicia y paz creada por el gobierno de Uribe consistente en bajar las penas por crímenes atroces, a paramilitares que confiesen sus delitos creó gran revuelo en varios sectores de opinión.
Quizás el exponente más significativo de dicho perdón concedido por el gobierno colombiano, Salvatore Mancuso, líder del grupo de ultraderecha, quien confesó a sangre fría haber cometido cerca de 300 asesinatos, recibiría una sentencia de tan sólo 8 años.
A la fecha se conoce que de los 31,671 miembros de grupos de autodefensas se han desmovilizado 2696 y muchos de ellos a pesar de haber recibido pensiones y beneficios del gobierno, siguen comprometidos con actividades delictivas y sus operaciones continúan impunemente reclutando tropas lo largo y ancho del país.
Terra USA/ Erika Montoya