Familias de rehenes colombianos "no políticos" ruegan sacarlos del olvido

7/4/2008 - 14:27(GMT)

En medio de la conmoción por las versiones de que Ingrid Betancourt estaría en riesgo de muerte en las selvas de Guaviare, las familias de cuatro secuestrados por la guerrilla de las FARC en esta región de la Amazonía colombiana piden a gritos que no les dejen en el olvido.

El llamado es por Orlando Benavides, un guardia carcelario, y tres amigos suyos familiares entre sí -Fernando, Edwin y Danilo Aguirre-, retenidos el 28 de septiembre de 2006 cerca de La Carpa, una de las aldeas donde campesinos dicen haber visto a Betancourt a finales de febrero en grave estado de salud.

Los Aguirre -padre, hijo y sobrino- acompañaban al guardia a recapturar a un preso que se había fugado del penal de San José (400 km al sureste de Bogotá y capital de Guaviare), donde el lunes seguía la espera de una misión médica francesa para socorrer a Betancourt y que aún no recibe aval de las FARC.

Desde que confirmó por sí sola que su hijo de 47 años había sido plagiado, Imelda Benavides buscó sin éxito la ayuda de cuanta autoridad hay en la zona, y, según cuenta, recién en diciembre la Fiscalía escuchó su versión.

También acudió a organismos humanitarios, pero al final debió conformarse con enviarle mensajes a Orlando a través de la radio.

"Me duele que sólo hablen de un grupo de secuestrados y a él ni lo mencionan", dice la mujer de 68 años, en referencia a los 39 "rehenes políticos" que la guerrilla marxista plantea canjear por 500 rebeldes presos.

Ese grupo está integrado, entre otros, por Betancourt -ex candidata presidencial colombiana cautiva desde hace seis años-, otros dos políticos, tres estadounidenses y decenas de policías y militares, algunos con una década de cautiverio en la jungla.

"Comparto su dolor y el de sus familias, sufren como nosotros, pero me siento discriminada, ignorada, porque no tengo influencias ni plata para mover la liberación de mi hijo", afirma Imelda.

"Estoy desamparada, siento que no existimos para este país", añade con desazón.

Janeth Zamudio, esposa de Fernando y madre de Edwin, coincide con ella. "No se trata sólo de Ingrid, también hay que hablar de nuestro dolor. Les pido a las FARC que nos los devuelvan", dice la mujer de 46 años.

"Se olvida que en el país hay otras 700 personas que sufren el yugo del secuestro" por parte de las FARC, complementa Carlos, uno de los cinco hijos del guardia plagiado.

Según entidades humanitarias, en Colombia hay unos 2.800 secuestrados, de los cuales entre 700 y 750 en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no han hecho ninguna exigencia por Orlando y sus compañeros.

La familia del guardia sostiene que, además del cautiverio y la desidia oficial, tienen que luchar contra atropellos como la suspensión del pago del salario de Orlando. Por ahora tienen garantizado el pago hasta septiembre.

Imelda subraya que su caso y el de los Aguirre no es el único en la región, y cita el de dos comerciantes liberados por las FARC a finales de 2007 tras un año de cautiverio.

"Caminaron varios días por la selva y se las arreglaron para llegar en bus a San José. Para ellos no hubo helicópteros venezolanos ni televisión", dijo, evocando el despliegue de Caracas para recibir a seis rehenes de las FARC de los llamados "canjeables" en Guaviare, entre enero y febrero pasados.

Terra/AFP