América Latina
BOGOTA (Reuters) - Un antiguo integrante de los escuadrones paramilitares de ultraderecha en Colombia denunció el viernes que le ofrecieron más de 100.000 dólares y asilo en el exterior a cambio de acusar al presidente Alvaro Uribe de tener vínculos con esos grupos armados ilegales.
Se trata del segundo caso que se conoce esta semana después de que el propio mandatario reveló el miércoles que otro antiguo integrante de los grupos paramilitares lo acusó de haber tenido vínculos con esos escuadrones para planear una masacre en 1997.
"Me han hecho propuestas económicas, ofrecimientos de asilo político (...) siempre y cuanto haga un señalamiento al señor presidente y a la clase política tradicional con respecto a contubernio o participación con el grupo armado al margen de la ley bloque bananero," dijo Ferney Suaza en declaraciones a la radio local.
El bloque bananero fue un escuadrón que perteneció a la más grande organización paramilitar y se desmovilizó en medio de una negociación de paz con el Gobierno de Uribe.
Ese grupo tenía presencia en la principal zona productora de banano del noroeste del país, en el departamento de Antioquia, provincia que gobernó Uribe.
Suaza se abstuvo de revelar el nombre de las personas que le hicieron la oferta y dijo que lo hará después de hablar con el mandatario colombiano. Hasta el momento no ha presentado ninguna denuncia ante ningún organismo de justicia.
El testimonio se conoce en momentos en que el Congreso de Colombia es sacudido por un escándalo y una crisis por los supuestos nexos de legisladores con los paramilitares.
Actualmente al menos 62 congresistas y ex legisladores permanecen encarcelados, mientras que otros 30 son investigados por acusaciones de haber hecho acuerdo con paramilitares o de recibir apoyo financiero o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados.
La mayoría son aliados de Uribe quien pese al escándalo mantiene una popularidad de más de 80 por ciento y ha descartado la posibilidad de revocar el Congreso y anticipar elecciones.
La Corte Suprema de Justicia, el tribunal que investiga a los legisladores, pidió al Ministerio de Defensa información contenida en computadores confiscados a un guerrillero muerto en una operación militar y que evidenciarían vínculos de las FARC con ese grupo rebelde.
Los paramilitares aparecieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla contra la que lanzaron ataques en varias regiones del país.
Estos escuadrones, acusados de obtener millonarios ingresos del narcotráfico y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos, se desmovilizaron en medio de un acuerdo de paz con el Gobierno en el que más de 31.000 combatientes entregaron las armas.
(Escrito por Luis Jaime Acosta; Editado por Gabriela Donoso)
Terra/Reuters