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La reelección, en 2006, del presidente colombiano Alvaro Uribe, quedó en la mira de la justicia con la orden de captura de la ex congresista Yidis Medina, quien asegura que el gobierno le ofreció prebendas para que votara a favor una reforma constitucional que posibilitó su reelección.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el viernes arrestar a Medina, cuyo voto en la comisión primera de la Cámara de Representantes, en 2005, junto con el de su colega Teodolindo Avendaño fueron determinantes para aprobar la reelección presidencial que finalmente le permitió a Uribe un segundo mandato.
En mayo de 2006 Uribe fue reelegido en primera vuelta con el 62,3% de los sufragios.
El máximo tribunal de la justicia colombiana decidió el arresto luego de que Medina aseguró en declaraciones a medios de prensa que altos funcionarios del gobierno de Uribe le ofrecieron cargos públicos para que cambiara su posición en contra de la reelección y votara a favor.
Según la ex congresista, el presidente Uribe estaba al tanto de los ofrecimientos que sus funcionarios le hicieron y que finalmente no le fueron cumplidos.
"Fui engañada por el gobierno; somos responsables tanto ellos por ofrecer como yo por recibir", dijo en una reciente entrevista dada al diario El Tiempo de Bogotá.
La Corte sindica a Medina por el delito de cohecho, dado que aceptó los sobornos que según ella le hizo el gobierno a través del entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, actual embajador en Italia.
Medina también involucró en sus denuncias al entonces secretario general de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez, al ministro de Protección Social, Diego Palacio y al entonces viceministro de Justicia y actual Fiscal General, Mario Iguarán.
Todos ellos ha coincido en negar las acusaciones de la ex congresista, de origen muy humilde y quien llegó a la Cámara de Representantes como suplente del titular de ese escaño, el conservador Iván Díaz.
La orden de detención dictada por la Corte contra Medina, quien el sábado aún no había sido arrestada, pone en la mira del tribunal la forma como el presidente Uribe logró alcanzar su segundo mandato que inició el 7 de agosto de 2006.
"El gobierno quedó en un punto difícil porque el cohecho es un delito entre dos. Ahí no hay salida: o la exoneran (a Medina) o la juzgan por cohecho, y como es entre dos, entonces el otro lado sería el gobierno", explicó en declaraciones a la AFP el politólogo y ex guerrillero León Valencia.
Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris (una ONG que realiza investigaciones y análisis políticos y sociales), consideró que si prospera la causa contra Medina "seguramente los funcionarios que ha mencionado se verán involucrados" en la investigación de la Corte.
En consecuencia, el presidente Uribe quedó expuesto a un nuevo escándalo en medio del creciente que enfrenta por vínculos de congresistas y funcionarios públicos con los otrora jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), cuyo grueso se desmovilizó por una iniciativa del gobierno.
Esa investigación, denominada en Colombia como el escándalo de la 'parapolítica' e iniciada por la Corte Suprema en diciembre de 2006, tiene hasta ahora en la cárcel en forma preventiva a 32 congresistas, la gran mayoría de los partidos políticos que apoyan al gobierno de Uribe, incluido su primo Mario.
Terra/AFP