América Latina
BOGOTA (Reuters) - La política colombiana que denunció que el presidente Alvaro Uribe y otros funcionarios le ofrecieron cargos para que votara a favor de una reforma constitucional que permitió la reelección del mandatario en el 2006, comenzó el lunes a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.
La ex representante a la Cámara Yidis Medina fue llevada a la sede del tribunal en pleno centro de Bogotá, horas después de que se entregó a la Fiscalía para responder por el delito de cohecho, que podría costarle entre cinco y ocho años de cárcel.
La corte ordenó la captura de Medina el viernes, cinco días después de que un noticiero de televisión transmitió una entrevista con la política, grabada en agosto del 2004, en la que aseguró que Uribe y otros funcionarios le ofrecieron tres cargos directivos en dependencias gubernamentales y un consulado para que votara a favor de la reelección.
El voto de la política fue decisivo para aprobar la reforma a la Constitución.
Aunque Medina se oponía a la reelección presidencial inmediata, la apoyó en el momento de votar en la comisión legislativa a la que pertenecía, con lo que abrió el camino para que el mandatario lograra su continuidad en el poder.
Medina había negado acusaciones previas de sobornos en una investigación que se hizo en la Procuraduría, el organismo de control de los funcionarios gubernamentales. En esa oportunidad, afirmó que votó en forma libre y responsable.
Sin embargo, grabó la entrevista ante el temor de que fuera víctima de un atentado y para usarla contra el Gobierno en caso de que no le cumplieran con lo ofrecido, como sucedió, de acuerdo con la misma política.
La ex legisladora comenzó a declarar ante los magistrados que tienen a su cargo el proceso criminal contra varios congresistas acusados de nexos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
El Congreso de Colombia es sacudido por una crisis política y un escándalo que mantiene en la cárcel a por lo menos 32 legisladores, mientras que más de 30 son investigados por sus presuntos nexos con los escuadrones de ultraderecha.
La mayoría de investigados y detenidos son aliados de Uribe, quien pese al escándalo ha descartado la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones.
Mientras, el mandatario tiene una popularidad de más del 80 por ciento, según los últimos sondeos de opinión.
Los congresistas son acusados de haber hecho acuerdos con los antiguos paramilitares o de haber recibido apoyo económico o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales.
El Congreso de Colombia aprobó en el 2004 un acto legislativo que habilitó a Uribe para buscar su reelección inmediata, el cual fue avalado por la Corte Constitucional.
Uribe y otros funcionarios de su Gobierno han desmentido la versión de Medida y sostienen que nunca le hicieron ofrecimientos burocráticos para que apoyara la reelección.
(Reporte de Luis Jaime Acosta; editado por Silene Ramírez)
Terra/Reuters