América Latina
BUENOS AIRES (Reuters) - El Gobierno y dirigentes agrarios de Argentina jugaban el miércoles sus últimas cartas para alcanzar un acuerdo sobre la política impositiva del sector, que es crucial para evitar el reinicio de una huelga que el mes pasado causó una crisis alimentaria.
Luego de la protesta, que incluyó bloqueos de carreteras y provocó el desabastecimiento de alimentos, los productores anunciaron el 2 de abril una tregua, que finaliza el viernes, para negociar beneficios para el sector.
Tras la renuncia -la semana pasada- del ex ministro de Economía Martín Lousteau, quien había sido el impulsor de un sistema de impuestos móviles que implicó un alza en la alícuota a las exportaciones de soja y girasol, las negociaciones se intensificaron para evitar una nueva protesta.
Pero, pese a algunas señales positivas del Gobierno, los dirigentes rurales no se manifestaron muy optimistas antes de la reunión que el miércoles mantenían con las autoridades.
"Estamos un poco preocupados," expresó Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades que lanzaron la huelga en marzo.
La protesta que duró tres semanas detuvo las exportaciones de Argentina -uno de los mayores proveedores mundiales de granos, productos derivados y carnes- y generó alzas en los principales mercados internacionales de materias primas.
"Hasta ahora no están dadas las condiciones para prorrogar la tregua. Eso no quiere decir que el Gobierno aparezca con respuestas nuevas y se acepte," dijo a Reuters Pablo Orsolini, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades promotoras de la huelga de marzo.
El dirigente rural aclaró que, pese a las versiones de medios argentinos de que ya se habría decidido extender la tregua más allá del 2 de mayo, la Federación Agraria recién tomará la decisión el jueves.
En las últimas horas, algunos representantes de las asociaciones agropecuarias dijeron que había habido avances en distintos temas de negociación, como en el caso del precio doméstico del trigo y la prohibición vigente de las exportaciones de carne.
Pero el principal reclamo del campo pasa por el esquema móvil de los impuestos a las exportaciones de granos y derivados -llamados retenciones- que, durante las primeras tres semanas de la tregua, el Gobierno dijo que no modificaría de ninguna manera.
Si bien algunos dirigentes agrarios dijeron que se está negociando con las autoridades sobre este esquema, también aclararon que aún no hubo propuestas específicas.
"El Gobierno hasta ahora no ha querido discutir, hay miles de versiones, pero hasta ahora no hay nada concreto," explicó Orsolini.
Mediante el nuevo esquema impositivo, el Gobierno quiere evitar que los elevados precios internacionales de los alimentos se trasladen al mercado doméstico y perjudiquen principalmente a la cuarta parte de la población argentina que vive en la pobreza.
(Reporte de Nicolás Misculin, editado por Silene Ramírez)
Terra/Reuters