Mexicanas denuncian impunidad de abusos policiales ocurridos hace dos años

2/5/2008 - 15:27(GMT)

Un grupo de mujeres que acusó a policías mexicanos de abusos sexuales y violaciones durante la represión de una revuelta en San Salvador Atenco (centro) hace dos años, denunció que el caso sigue impune en medio de obstáculos judiciales para avanzar en las investigaciones.

"A dos años, sólo hay una palabra que pueda resumir la lucha que ha significado para estas mujeres, y esa palabra es impunidad", denunció Diana Martínez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asiste jurídicamente a 14 de las 26 mexicanas que aseguraron haber sufrido agresiones sexuales por los agentes.

Cambios en el Ministerio Público, trabas para acceder a los expedientes, rechazo de los exámenes periciales realizados tras los abusos, trato despectivo por los funcionarios de justicia e incluso hostigamiento son algunas de las irregularidades denunciadas por las afectadas.

A dos años de las graves violaciones a los derechos humanos reconocidas por el defensor del pueblo y por la Suprema Corte, que está investigando el caso, sólo seis policías están sometidos a proceso, aunque por cargos menores.

Por ello, once de las víctimas recurrieron esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Sabemos que por parte de las autoridades no se va a dar (justicia). Sabemos que todo es un juego, pero que sepan ellos que, pasen los años que pasen, vamos a seguir pidiendo justicia", afirma una de las víctimas, Mariana Selvas.

A raíz de la expulsión de unas vendedoras callejeras, el 3 de mayo de 2006 cientos de vecinos de San Salvador Atenco, en la periferia de la Ciudad de México, cortaron una vía de acceso a la capital y tras violentos choques repelieron a los agentes que pretendían desalojarlos, reteniendo a varios de ellos.

La madrugada del día 4, unos 2.000 agentes tomaron el pueblo, agredieron a todo el que se encontraba por la calle, allanaron casas sin orden judicial y detuvieron a 207 personas, 47 de ellas mujeres.

Dos vecinos, uno de ellos adolescente, murieron por disparos, presuntamente de la policía.

Durante el trasaldo a la cárcel en autobuses casi todos los detenidos denunciaron haber sufrido castigos y vejaciones, mientras 26 mujeres dijeron haber sido objeto de abuso sexual o violación.

Dos años después, sólo 21 agentes del estado de México han sido sometidos a investigación.

"Quince ya fueron absueltos porque el Ministerio Público integró mal las averiguaciones. Los otros seis están enfrentando un proceso: cinco por abuso de autoridad, que es un delito menor (...), y uno más por actos libidinosos, cuando el delito que cometió es violación", lamentó Martínez.

Entre los responsables del operativo se encuentra el actual procurador general, Eduardo Medina, entonces ministro de Seguridad Pública y ahora responsable último de las investigaciones.

Una de las argumentaciones para que no haya detenciones es que "la mayoría de nosotras no ubicamos a nuestros agresores, pero no les pudimos ver la cara porque nos taparon, nos agacharon y nos golpeaban si alzábamos la cara", recuerda Edith Rosales, una de las denunciantes.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra las Mujeres desechó los exámenes físicos realizados a los detenidos por el defensor del pueblo mexicano y una ONG y exigió hacer pruebas propias a un año de los hechos, pero sólo dos aceptaron.

"Fue una bestialidad de retraumatización. A una compañera con el examen médico desnuda le toman fotografías, pero en el cuarto adjunto había treinta y tantos oficiales uniformados", denuncia Ricardo Loewe, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, que también asiste a las víctimas.

"Yo iba de compras ese día y me agarraron. No tenía nada que ver ahí y fui violada", recuerda Ana María Velasco, la otra mujer que se sometió al examen.

Una de las denunciantes todavía sigue en la cárcel por los disturbios y el Prodh dijo que el resto ha estado sufriendo hostigamiento en forma de llamadas telefónicas anónimas.

Terra/AFP