FRONTERA
María Peña Washington, 16 may (EFE)- Un grupo de alcaldes de Texas presentó hoy una demanda en Washington contra el Gobierno federal por la construcción de un muro de 50.000 millones de dólares en la frontera sur, alegando que no realizó las debidas consultas con las personas afectadas por el proyecto.
"La presentación de esta demanda fue nuestro último recurso, pero créannos que no tuvimos otra opción", afirmó durante una rueda de prensa el alcalde de la ciudad de Eagle Pass (Texas) y presidente de la Coalición de la Frontera de Texas (TBC), Chad Foster, que presentó la demanda.
Con esta acción judicial, los demandantes quieren frenar el proyecto porque consideran que el Gobierno no hizo las consultas necesarias con las partes interesadas -propietarios de ranchos y gobiernos locales, entre otros-, para minimizar el impacto del muro en el medio ambiente, la cultura, comercio y calidad de vida de las comunidades fronterizas.
La construcción del muro a lo largo de una franja fronteriza de 1.200 millas (1.931 kilómetros) entre Texas y México ha puesto en pie de guerra a los propietarios en la zona, que argumentan que el Gobierno federal ha atropellado sus derechos.
Sin embargo algunos rancheros han llegado a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero otros continúan oponiéndose.
La Coalición ha dicho que, en principio, no se opone a la colocación de barreras en la frontera pero sí protestan por la forma en que ha actuado el Gobierno federal.
La presentación de la demanda en un tribunal federal en Washington no tomó por sorpresa ni al DHS ni a la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP) porque los demandantes ya habían anunciado su intención el pasado 15 de abril.
Los demandantes, bajo el paraguas de la TBC, aseguran que durante mucho tiempo intentaron negociar de "buena fe" con las dos entidades federales pero ahora no tienen más remedio que buscar una solución por la vía judicial.
Al anunciar la presentación de la demanda, Foster estuvo acompañado por los alcaldes de Brownsville, Pat Ahumada, y de Laredo, Raúl Salinas, el abogado principal de TBC, Peter A. Schey, así como varios líderes empresariales de Texas.
"Estamos acá en defensa de los millones de personas que viven, y trabajan a lo largo de la frontera y que piensan que al secretario (de Seguridad Nacional Michael) Chertoff se le pasó la mano" en su afán por construir "el Gran Muro de Texas", afirmó Foster.
El DHS niega todas las acusaciones e insiste en que ha realizado las consultas necesarias sobre la construcción en el segmento de Texas este próximo verano.
Según un documento de 19 páginas, disponible en "www.texasbordercoalition.org", tanto el DHS como CBP violaron los derechos de los propietarios a lo largo de la frontera a negociar un precio "razonable" a la hora de despejar la zona para la construcción del muro en varios segmentos de la frontera común.
Además, violaron su derecho al debido proceso judicial al no divulgar las normas y reglamentos sobre las consultas y negociaciones, o sobre cómo se determinaría un precio "razonable" para las propiedades afectadas.
Los demandantes también argumentan que el Gobierno violó la Quinta Enmienda, que garantiza la igualdad de protección para todos los ciudadanos, ya que favoreció a personas con conexiones políticas, de manera que el muro no atravesara sus propiedades.
La TBC puso como ejemplo el caso del multimillonario Ray Hunt, un amigo cercano del presidente George W. Bush, y que no será afectado por la construcción del muro que sí atravesará y dividirá terrenos de ciudades y condados.
Según la organización, Hunt donó recientemente 35 millones de dólares a la Universidad Metodista del Sur para contribuir a la construcción de la biblioteca presidencial de Bush.
La demanda también señala que el secretario Chertoff actuó de forma ilegal al no utilizar la facultad que le confiere una ley federal para seleccionar los sitios más "prácticos y eficaces" para la edificación del muro.
El DHS no contestó a reiteradas llamadas de Efe para reaccionar a la demanda. EFE mp/mla/cs
Terra/EFE