Crece descontento en estados con ley Que ningún niño quede atrás

  

06/09/2005 - 19:41(GMT)

por Mary González Nieves Washington, 6 sep (EFE)- Aumenta el número de estados que, frustrados y descontentos con la ley de reforma educativa "Que ningún niño quede atrás", han aprobado leyes o planifican demandas judiciales para detener las imposiciones de la legislación.

Connecticut, Utah y Colorado ya se han rebelado oficialmente contra el Gobierno federal.

Utah aprobó una medida para intentar desestimar la ley federal, mientras que la Asociación Nacional de Educación -el sindicato de maestros más grande en EEUU- ha sometido su propia demanda judicial en contra de la ley federal.

Se anticipa que otros cinco estados: Maine, Minesota, Nevada, Nueva Jersey y Virginia pronto tomarán sus propias medidas para objetar la ley "Que ningún niño quede atrás".

Cuarenta y siete estados consideran algún tipo de legislación en contra de la reforma educativa, según refleja un estudio divulgado recientemente por el Instituto de Sociedad Civil, grupo no partidista con sede en Massachusetts.

Una de las razones primordiales detrás de las demandas es evitar costosas sanciones por haber fracasado en el cumplimiento de los estándares académicos que impone la legislación, según los expertos.

De hecho, el estudio deja entrever que aproximadamente 20 estados consideran la posibilidad de renunciar a los fondos federales.

Desde que Bush firmó la ley de reforma educativa en 2002, las críticas no han cesado, en particular por la imposición de exámenes anuales para determinar el progreso anual académico (AYP, por sus siglas en inglés) de estudiantes en las escuelas públicas del país.

La ley federal establece que todos los alumnos deben dominar lectura, escritura y matemáticas para el año 2014.

Pero, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, casi el 31 por ciento de los estudiantes estadounidenses "está fracasando en matemáticas y lectura".

Los defensores de la ley, entre los que se encuentra la secretaria de Educación, Margaret Spellings, aseveran que la legislación es responsable por "la gran mejoría, en particular entre los estudiantes de minorías, en los exámenes estatales".

Sin embargo, muchos educadores y legisladores aseguran que dichas mejoras se deben a las intervenciones realizadas por los distritos escolares y los estados antes de que se implementara la reforma.

Spelling reconoce el descontento que ha creado la legislación entre los estados, pero alega que esto se debe a un mayor nivel de intervención federal en asuntos que anteriormente resolvía el estado o el distrito escolar correspondiente.

El estudio del Instituto de Sociedad Civil señala que "a pesar de las medidas tomadas por el Departamento de Educación para flexibilizar algunos estatutos de la ley en casi 35 estados, la frustración (en los estados) va en aumento".

Esta frustración tiene que ver no sólo con el peso que se da a los exámenes estatales, sino con la falta de financiación para asegurar que todos los estudiantes aprueben el examen.

Por ejemplo, Connecticut estima que la implementación de la reforma educativa le costará al estado 41,6 millones de dólares más de lo que el Gobierno federal le provee para tal fin.

Incluso los defensores de la ley federal admiten que para que ésta sea realmente efectiva es necesario hacer más ajustes, sobre todo aumentar los fondos de educación.

Varios congresistas y senadores estadounidenses trabajan en iniciativas para enmendar la legislación tan pronto como comience la próxima sesión, aunque muchos sostienen que esto no ocurrirá antes de 2007, cuando al Congreso le toque revisar nuevamente la ley "Que ningún niño quede atrás". EFE mgn/ma

Terra/EFE