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2005-11-30 21:55:40 GMT
LIMA (Reuters) - Una corte de Perú anuló un fallo previo que negó la prescripción de cargos para el empresario chileno Andrónico Luksic, lo cual podría liberarlo de un juicio por tráfico de influencias por la construcción de una planta de la firma Lucchetti, dijeron el miércoles sus abogados.
" La acusación es por tráfico de influencias y el período de prescripción por este caso es de seis años. Por tanto esto prescribió en marzo del 2004, " dijo el abogado de la firma Lucchetti en Lima, Carlos Caro, a la radioemisora local CPN.
" Este es un primer paso camino a la declaratoria definitiva de prescripción (por parte de la Corte Suprema), lo que esperamos ocurra en los próximos días, " agregó.
Luksic, miembro de una de las familias más ricas de Chile, es procesado en ausencia en Lima acusado de solicitar favores judiciales para el permiso de operación de una planta de fideos de Lucchetti, frente a una reserva natural en Lima.
En este caso, el ex jefe de inteligencia de Perú, Vladimiro Montesinos -incluido en el proceso-, aceptó el martes su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias y espera para el jueves una sentencia anticipada.
Montesinos, Luksic y otros dos ejecutivos chilenos fueron vistos en un vídeo presuntamente pactando en 1998 el resultado de un litigio de Lucchetti con la Municipalidad de Lima, que se oponía a que la empresa construyera su fábrica frente a la zona protegida conocida como " Los Pantanos de Villa. "
Lucchetti construyó la planta, pero la cerró en el 2003 por orden de la Alcaldía de Lima, que la acusó de dañar la zona.
La decisión de la corte de Lima se produjo a fines de octubre, pero recién notificó esta semana a las partes, dijo.
Hace casi dos semanas, la Corte Suprema de Perú anuló una orden de captura contra los tres ejecutivos de Lucchetti porque consideró que fueron emitidas en forma arbitraria.
Montesinos fue la mano derecha del ex presidente Alberto Fujimori -detenido en Chile a la espera de su extradición- durante los 10 años de su gobierno, el cual se derrumbó en el 2000 tras conocerse un escándalo de corrupción.
El ex jefe de espías encara en la corte una condena de hasta ocho años de prisión y el pago de una reparación civil a favor del estado de unos 2,9 millones de dólares.
Terra/Reuters