Juez pide nuevas traducciones de pruebas en caso de presunta extorsión a Sanz

El juez encargado del caso de presunta extorsión al cantante Alejandro Sanz ordenó hoy que se efectúen nuevas traducciones de las pruebas utilizadas para acusar y detener a dos ex empleados del artista español.

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El magistrado Israel Reyes emitió su decisión tras una vista judicial de más de dos horas en la que testificó Fernando Figueroa el investigador de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade que presentó una declaración jurada en diciembre del 2006 sobre el caso.

La declaración de Figueroa sirvió para sustentar la orden de arresto contra Carlos González, cubanoamericano, y su esposa Sylvia Helena Alzate, de origen colombiano, por presunto chantaje y robo en mayor cuantía.

González, quien estuvo presente en la audiencia esposado y con el uniforme de prisionero, trabajó junto con Alzate en la residencia de Miami Beach del artista madrileño durante seis años y ambos se han declarado inocentes.

En el documento, el investigador señaló que el 5 de diciembre del 2006 un empleado de Alejandro Sanz recibió una llamada de González y "amenazó con divulgar cierta información a medios de España y exigió 500.000 dólares" a cambio de su silencio.

Figueroa también estuvo a cargo de grabar en ese año una conversación, en español, entre González y Juan Ramón Ramírez, director corporativo de Alja, una subsidiaria en Florida de la compañía Gazul Producciones S.L., propiedad de Sanz, en la que niega haber pedido dinero.

Lonnie Richardson, abogado defensor, declaró a periodistas al finalizar la audiencia, que las transcripciones que realizó la Fiscalía Estatal "están mal realizadas" y que "no tuvieron a nadie certificado o calificado para realizar las traducciones. Le pidieron a una secretaria, o alguien así, que hiciera el trabajo, lo cual es escandaloso".

"Ahora vamos a tener la oficina de intérpretes de aquí (del tribunal), que lo transcribirá, lo cual es una buena noticia porque van a hacer todo lo posible por preservar la veracidad, y si eso de todos modos no resulta ser bueno, entonces lo más probable es que hagamos que el jurado escuche la grabación", subrayó.

Durante la audiencia, Richardson preguntó a Figueroa cómo realizó la pesquisa del caso luego de que se presentara la denuncia contra sus clientes.

El investigador respondió que no fue a la residencia de Alejandro Sanz, tampoco interrogó a nadie en la casa del artista, ni solicitó la incautación de algunas cuentas del artista que supuestamente estaban a nombre de González.

Asimismo, respondió negativamente al ser preguntado si intentó localizar algunos objetos de Alejandro Sanz que Ramírez reclamaba a González en la conversación grabada como fotografías, fotos, vídeos y documentación.

Otro de los cuestionamientos fue la presentación de un antecedente penal de González para respaldar la orden de detención del acusado y que pertenecía a otra persona del estado de California.

Figueroa se percató que la información era incorrecta cuando entrevistó al acusado, quien le dijo que nunca había sido arrestado.

"El escenario que trataban de pintar (en diciembre del 2006) era:

'Señor juez, usted debe firmar este documento porque si no lo hace vamos a tener a un Carlos González afuera que amenaza con usar una pistola, tiene una pistola y se trata de un criminal convicto que no tiene derecho a portar armas. Es un sujeto peligroso, déjeme buscarlo y arrestarlo", dijo el abogado a la prensa.

Richardson calificó la investigación de "negligente y desordenada".

El juez Reyes también ordenó a los fiscales entregar el pasaporte de Alzate para que pueda tramitar un documento de identificación y visitar a su esposo que está detenido por violar su libertad bajo fianza.

Terra/EFE