Envejecimiento: ¿qué nos depara el futuro?
Los países de las Américas enfrentan el reto creciente de la atención a los problemas de una población envejeciente, que trascienden la prestación de servicios de salud para incluir conflictos de discriminación por motivos de edad en áreas como el seguro médico, el empleo y la educación según ha planteado la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El siglo XX transitó de una esperanza de vida al nacer de 51 años, a principios de los años cincuenta, a una que supera los 68 años, e incluso ha alcanzado los 75 en varios países.
En el año 2000, el 8.1% de la población en América Latina tenía más de 60 años de edad; mientras las proyecciones para el 2010, hablan de un 9.6% y para el año 2020, de un 12.4%, según estadísticas de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina las inversiones en el ámbito de la salud de los niños y los adolescentes son altamente prioritarias para la salud pública, mientras que a las necesidades sanitarias de las personas de edad y al establecimiento de infraestructuras para una sociedad que va envejeciendo rara vez se les presta la atención necesaria.
Países como Uruguay, Argentina, Chile y el sur de Brasil, que tienen las poblaciones más envejecidas de la región, han reconocido la necesidad de buscar modelos de prestación de servicios de salud a personas de edad avanzada.
En 1996, el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en colaboración con la OPS, elaboró una ley modelo para el cuidado integral de las personas de edad.
"Uruguay, cuyo perfil poblacional es como el de Europa, introdujo recientemente el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, lo cual es un elemento muy positivo porque abre toda una ventana de posibilidades para que la gente opine, la prensa le presta atención al asunto, se moviliza toda la sociedad civil en torno al tema", dijo la Dra. Cristina Torres, asesora regional en Políticas de Salud del Programa de Políticas Públicas y Salud de la OPS.
Una de las funciones principales de esta iniciativa legislativa es ofrecer una garantía legal a los adultos mayores para que no se vean afectados por políticas excluyentes de los seguros de salud.
"Si una persona ha estado cotizando en un determinado seguro por un período de tiempo específico-cada país determinará cuánto-el seguro no puede expulsarlo al llegar a los 60 años, ni tampoco puede elevar demasiado las cuotas, lo que representaría otra forma de expulsión indirecta", explicó la Dra. Torres.
Esta impronta legal va mancomunadamente con los otros muchos proyectos de la OPS para los próximos años, en los cuales el principio común para la acción es la necesidad de concentrarse en la promoción de la salud y la disminución de la dependencia de las personas de edad avanzada.
Terra/OPS
